Bibliografía de como escribir artículos científicos y proyectos

El estrabismo puede ser causa de maltrato en el colegio

Carla Díaz Magnien, una adolescente desesperada, acosada de manera infame por dos compañeras de clase, se suicidó tirándose por un acantilado en Gijón. Una chiquilla de catorce años, antipática para algunas compañeras, a la que insultaban a diario utilizando su estrabismo. El estrabismo tiene cura.  Podéis escuchar aquí al Dr Lalama, un optómetra comportamental que cura el estrabismo. 

http://www.ivoox.com/programa-71-estrabismo-optometria-entrevista-dr-lalama-audios-mp3_rf_3972923_1.html

Y también al optometra Gonzalo García, que ejerce en Santiago de Compostela.

http://www.ivoox.com/programa-60-entrevista-al-dr-gonzalo-garcia-optometrista-audios-mp3_rf_2085633_1.html

Es una pena que no haya una cura fácil para las acosadoras y las personas crueles. Quizás el psicoanálisis, pero para eso hace falta que los que son acosadores quieran dejar de serlo y eso no es fácil.

Trabajar en A Coruña que bonito es!

Reproduzco de El Diario

El trabajador "acosado" en el Ayuntamiento de A Coruña pasa a ser testigo protegido

La jueza del caso Pokémon cree que "no cabe duda" de que el testigo "clave" en la rama coruñesa de la trama sufrió "acoso laboral" en el consistorio coruñés por colaborar con la Justicia.

La magistrada recelea de que el trabajador fuese detenido por la Policía Local de Ferrol, cuyo jefe, destaca, estuvo antes bajo el mando del teniente de alcalde de A Coruña, imputado en la causa.

 

David Lombao 

14/01/2015 - 

Acuario de A Coruña, donde el testigo tiene su puesto de trabajo

En el otoño de 2012, apenas dos semanas después del estallido de la Operación Pokémon, un trabajador del Acuario de A Coruña, Antonio Pérez, se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad para "denunciar las irregularidades" que había detectado en las contrataciones de ese organismo, dependiente del Ayuntamiento coruñés. No obstante, no le "recogieron la oportuna denuncia" ni "se puso en conocimiento" del juzgado de Lugo que instruye el caso. Quien relata estas circunstancias es la jueza instructora de la operación, Pilar de Lara, que en un auto de casi 50 páginas fechado el pasado día 9 le otorga a este trabajador, cuyo testimonio es "esencial" en la rama coruñesa de la presunta trama corrupta, la condición de testigo protegido para frenar el "acoso" que viene sufriendo por, según asegura, colaborar con la Justicia.

El infructuoso acercamiento a la Policía en 2012 es solo el primer episodio de los avatares sufridos por Antonio Pérez, quien se vio obligado a coger la baja en su puesto de trabajo en febrero del pasado año por la "situación de acorralamiento laboral que venía sufriendo por causa de oponerse a prácticas que consideraba ilícitas". "No cabe duda", dice la jueza en el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, "de que la situación de acoso laboral" está en "íntima relación" con su denuncia de prácticas irregulares en el Ayuntamiento coruñés y, "en todo caso, vinculada a la trama urdida por el Grupo Véndex para, en connivencia con diversos funcionarios públicos y autoridades políticas de A Coruña, conseguir la adjudicación" de contratos del Acuario. "Según obra en la causa", quien ahora es testigo protegido "parecía ser una importante traba" para los supuestos líderes de la trama.

Específicamente, Pérez "se opuso a las pretensiones de ilícita adjudicación del concurso de mantenimiento biológico" del Acuario a una filial de Véndex, tras lo cual "fue objeto de una campaña de persecución y acoso" y de "represalias" de sus "superiores jerárquicos" que, siempre según la investigación, continuaron incluso tras su baja, cuando "aparecieron forzados varios amarios de su despacho" en el propio Acuario. Ese incidente motivó que De Lara enviara a la Policía Nacional al despacho para investigar un posible delito de "obstrucción a la Justicia". Pero, "extrañamente", cuando este cuerpo policial llegó al Acuario ya había estado allí "interfiriendo en la investigación" la Policía Local, "dependiente directamente del alcalde y, más concretamente, del teniente de alcalde", Julio Flores, "imputado en la causa, entre otras cosas", recuerda la jueza, por las "manipulaciones presuntamente urdidas" junto al responsable de Véndex en Galicia, José María Tutor, para "tratar de beneficiar a la empresa" con contratos del propio Acuario.

"Contradicciones" policiales sobre la detención en Ferrol

Además del acoso laboral, "confirmado por otros testigos", el suceso que llevó al trabajador a solicitar la protección judicial fue, como ya relató este diario, la detención que sufrió en Ferrol a finales de octubre, cuando, tras bajarse del autobús en una parada equivocada, le pidió a una conductora si lo podía acercar a su destino, en otro ayuntamiento de la comarca. Tras la detención y las múltiples versiones existentes sobre ella, De Lara solicitó informes sobre lo acontecido tanto a la Policía Local ferrolana como a la Policía Nacional. "Pero los informes sucesivos, lejos de aclarar la situación, la oscurecían aún más al adolecer de numerosas contradicciones".

Así, desde el cuerpo policial ferrolano se detallaron lo que la jueza define como un "cúmulo de infortunios", tales como el supuesto "fallo del sistema de grabación de llamadas" que impide conocer las palabras de la conductora que informó de la presencia de Antonio Pérez en la vía pública o la "pérdida del parte de asistencia médica" de que fue objeto tras ser detenido, toda vez que, a pesar de tener un brazo escayolado y una pierna lesionada, fue esposado.

Las "notables y flagrantes divergencias" en las sucesivas "narraciones" policiales se suman, según la jueza, al "dato relevante" de que "el actual jefe de la Policía Local de Ferrol (...) fuera hasta 2013 inspector principal de A Coruña bajo el mando del teniente de alcalde, Julio Flores", y que además este mando policial "figura en las listas de Véndex como receptor de regalos". A todo esto se suma, además, la "filtración" de la detención desde Ferrol a un periódico coruñés, cuya exposición de los hechos lleva a De Lara a "entender que existe una especie de conjura para perjudicar al testigo, publicando información inveraz para desprestigiarlo públicamente y desacreditar tanto su testimonio como el resultado de la instrucción, aprovechando casualmente o no" el "lamentable incidente" de la detención.

"Insostenible presión"

"Siento como ciudadana y como juez instructora un enorme respeto hacia el sagrado derecho de la libertad de prensa", llega a escribir la jueza. Pero "los medios de comunicación no dejan de ser empresas" que "en ocasiones son perceptoras de subvenciones públicas" o de "publicidad de administraciones y empresas", con el "riesgo de que puedan acabar convirtiéndose en medios auxiliares o instrumentales de intereses políticos o económicos que pueden provocar que sus actuaciones no siempre estén guiadas por el objetivo de informar".

En esta situación, Pilar de Lara cree "obvio" que Antonio Pérez, "por la sola condición de prestar declaración" en la causa, "padece una insostenible situación de presión, tanto en su ámbito laboral como ahora también en el ámbito social". Así, pasa a ser un testigo protegido y "siempre que sea preciso" podrá "ser conducido a las dependencias judiciales" o a otro lugar "en vehículos oficiales". Del mismo modo, cuando esté en los juzgados permanecerá "en un local reservado" y "custodiado". Por otra parte, queda prohibido realizar fotografías "o tomar su imagen por cualquier procedimiento" excepto que "lo autorice expresamente" y los medios de comunicación tampoco podrán difundir su imagen, "bien evitándola o pixelando íntegramente su rostro".

Ser padre es amar y proteger

Madre e hija quemadas con ácido por padre y marido en Irán

Algo tiene esta fotografía que me afecta muchísimo. En este momento, en el que se retira de los planes de estudio la filosofía, tenemos que darnos cuenta de que los desafíos del futuro están supeditados a que los hombres replanteemos nuestros esquemas en el siglo XXI. La testosterona, que podía ser de utilidad cuando nuestras sociedades estaban basadas en hordas de cazadores, está de más. El concepto honor, propio de sociedades patriarcales está de más, sobre todo si es responsable de esta desgracia. Dos mujeres quemadas, dos vidas arruinada y sin embargo ese beso es todo un reconocimiento a lo que significan los auténticos valores de amor y maternidad. ¿Para ese padre estaban antes la defensa del honor que su deber de padre?. Ser padre es amar y proteger, y ser padre está por encima de cualquier otra consideración.

Me provoca dolor obviamente, y me preocupa que el debate sea la economía, la tecnología, las relaciones de poder. El debate es la responsabilidad individual, el debate es si queremos que perduren modelos caducos, modelos basados en sociedades de pastores del oriente medio. Por eso son importantes las humanidades. Por eso es importante saber pensar bien. Por eso determinar nuestras escalas de valores es fundamental.

La ciencia es un buen método de generar conocimiento, pero no es el único. Existen los conocimientos cualitativos, no basados en la capacidad de medir. Los conocimientos basados en cualidades implican establecer jerarquías, mapas de relaciones. Es una disciplina intelectual compleja que muchas veces exige desarrollos lógicos complicados. Todo esto se está perdiendo con la glorificación de las ciencias cuantitativas. Perdemos la capacidad de pensar más allá de los datos.

Esta foto me recuerda que debemos procurar que sean más las mujeres que estén en puestos de decisión política. Debemos procurar mantener a los sociópatas lejos de los centros de decisión, lejos de los púlpitos, lejos de las columnas de opinión de los diarios. Y no niego que estructuras de poder femeninas, las familias son un buen ejemplo de ello, pero reconozcámoslo: ellas violan menos, matan menos por honor y este tipo de crímenes (como el que aparece en la fotografía) es prácticamente nulo en el caso de las mujeres.

Galicia, radiografía de un exterminio

Reproduzco esta entrada de Público publicada hoy. Para los que no lo sepan, el ensañamiento de los falangistas y franquistas con el conocimiento es de todos sabido. Los formados que no eran de su bando estorbaban. Hubo un genocidio sistemático. Franco pudo haber ganado la guerra pronto. No lo hizo para permitir que los falangistas le limpiasen el país de disidentes. Gracias Partido Popular, nietos de los franquistas, por poner dinero para repatriar falangistas españoles que combatían con los nazis pero no para abrir las tumbas de los represaliados.

ALEJANDRO TORRÚS

En Galicia no hubo Guerra Civil entre 1936 y 1939. Pero sí un exterminio sistemático de la población fiel a la República. En tan sólo tres años fueron asesinados 4.699 ciudadanos gallegos. Siete de cada diez (3.233) fueron ejecutados en los llamados paseos franquistas. El resto, 1.466, fueron asesinados mediante la ejecución de una sentencia a muerte, según los datos del proyecto Nomes e Voces. Un auténtico exterminio en una zona donde la Guerra no duró más de unos días.

"Lo que pasó en Galicia es una prueba de que el golpe tenía una intención exterminadora, pues no era para nada necesario. (...) En Galicia no hubo matanzas de curas y hacendados. Lo que sí hubo fue muchas muertes controladas, instigadas o toleradas por las autoridades militares", explica Federico Cocho, autor de Guerra civil. Que pasou en Galicia e en España (Xerais) en una entrevista a El Mundo.

Con Galicia bajo el control del bando franquista desde los primeros momentos del golpe militar, "los perpetradores y sus seguidores a nivel local comienzan a demostrar que éste lleva aparejada una inusitada violencia", según recoge el informe de Nomes e Voces. Así, en los primeros meses de la Guerra Civil fueron asesinados en Galicia los cuatro gobernadores civiles, los alcaldes de cinco de las siete ciudades gallegas y los 26 de las poblaciones más importantes. Fueron ejecutadas también las máximas autoridades militares gallegas que se opusieron al golpe, los civiles más activos en la defensa de la legalidad y aquellos con cierta relevancia social en determinadas comunidades como maestros, médicos, farmacéuticos y abogados. En total, 4.699 ciudadanos asesinados.

Ejemplos de casi todos ellos se encuentran entre las denuncias que esta semana han presentado una decena de familiares de hombres y mujeres de desaparecidos durante la dictadura, vinculados a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ante el cónsul de la República Argentina en Vigo, Roberto Gudiño dentro de la llamada Querella argentina.

El abuelo y el tío abuelo de Esther García, una de las denunciantes, formaban parte de aquellos gallegos que no esperaban la "inusitada violencia" desplegada por los seguidores del golpe contra ellos. Manuel Díaz González, médico de O Incio (Lugo) y primer alcalde de la República en dicha localidad, y su hermano José Díaz, elegido en las últimas elecciones nuevo alcalde del municipio, creyeron que a pesar del golpe militar no debían huir de la localidad porque de nada se les podía imputar. Estaban equivocados. "Los falangistas de O Incio empezaron con las amenazas a la familia. Nadie daba crédito de lo que estaba pasando. Un día apareció muerto el perro de mi tío y ya decidieron los hermanos que tenían que escapar", cuenta a Público Esther García, que explica que finalmente los dos hermanos fueron capturados y trasladados a la prisión de Monforte de Lemos, donde ofrecieron a Manuel partir al frente como médico de los nacionales: "Yo no soy veterinario, no curo animales", contestó Manuel, según relata Esther.

A partir de ese momento comenzó el particular infierno de Manuel. Fue sacado de la cárcel en un paseo nocturno aunque consiguió escapar herido refugiándose en casa de un "amigo suyo de derechas", el famacéutico de Sarria Antonio Peña. "Allí fue apresado por la conocida cuadrilla de falangistas de Layosa. Le fueron atadas las manos a una soga prendida de la cola de un caballo y fue arrastrado durante varios kilómetros hasta llegar a la entrada de O Incio. Al llegar allí, aún con vida y consciente, fue asesinado. Luego le amputaron un dedo para robarle la alianza", prosigue Esther.

Era el 11 de septiembre de 1936. En los primeros cinco meses de 1936 fueron asesinados en Galicia un promedio de 14,25 personas por día, mientras que a finales de 1939 la cifra de ejecuciones había descendido a 0,7 al día. Un día después, el 12 de septiembre, aparecieron en la cuneta de la carretera N-634, en un lugar conocido como voltas de Prado, cinco cadáveres. Uno de ellos tenía seis dedos en una mano. Así identificaron los vecinos a Bruno Martínez, tío abuelo de Miguel Freire, investigador de la ARMH que ha denunciado este caso ante la Justicia argentina.

"Estaban acusados de haber hecho frente a las tropas sublevadas, es decir, de oponerse al alzamiento nacional. (...) No eran ni sindicalistas exaltados, ni agitadores políticos, sólo habían tenido la mala suerte de haber participado en asociaciones sindicales y políticas", cuenta Miguel a Público, que añade que "la represión y el terror continuó cebándose en las familias de estas personas, que tuvieron que padecer acoso y humillaciones, el incendio y saqueo de sus casas y las burlas e insultos cuando los primeros de noviembre llevaban flores a las sepulturas donde se habían enterrado a sus familiares asesinados".

En octubre de este 1936 fue también asesinado Julio Sanz Martín, enfermero-practicante en la Marina. Su nieta, Elvira Sanz, lo denuncia ante la Justicia argentina. "Mi abuelo tenía 34 años. El 22 de octubre de 1936 fueron unos hombres a su casa, donde vivía con su mujer y sus dos hijos, y dijeron que se lo llevaban a un juicio. Al día siguiente, el 23 octubre, apareció el cadáver en una cuneta de San Juan de Ouces. Su muerte quedó anotada en el Registro Civil causada por una "hemorragia intensa".

El único motivo por el cual Julio Sanz pudo ser asesinado es "publicar algunos artículos sobre reivindicaciones laborales" en diversas revistas y "estar afiliado a Izquierda Republicana". Como Julio, la represión en el estamento militar en Galicia afectó a 140 marinos ejecutados, así como al almirante Antonio Azarola Gresillón; el general de división Enrique Salcedo y el gobernador militar de Galicia Rogelio Caridad Pita.

El asesinato selectivo o indiscriminado no fue la única vía de represión. Con el objetivo de destruir una sociedad civil, plural y organizada fueron condenados a cadena perpetua 1.597 ciudadanos y 1.981 fueron sentenciados a diferentes penas de prisión inferiores. En total, 28.234 víctimas gallegos sufrieron algún tipo de persecución judicial por las nuevas autoridades militares. "Es imposible la cuantificación o estimación sobre otras formas de coerción o violencia: desde los encarcelamientos y torturas hasta las rapas y purgas de mujeres que se perpetran con idéntica escenificación en todo el territorio gallego y, a diferencia de las otras tipologías represivas, estaban diseñadas para su exhibición pública", señala la investigación de Nomes e Voces.

Así, en la Galicia de la Guerra Civil pueden ser perseguidos y exterminados desde un líder comunista local a un simpatizante de un sindicato que busca mejorar sus condiciones económicas pasando por la "burguesía progresista que a través del socialismo, el republicanismo o el galeguismo aspiran a consolidar el liberalismo democrático". "No se trata, pues, de un ataque a una posible revolución de tipo soviético —sin ninguna base documental—, sino de acabar con un sistema en el que cobra el protagonismo principal la participación ciudadana en un escenario tendente a la modernidad y el progreso", concluye la investigación de Nomes e Voces.

Trucos para explicar la oxidación a los niños

http://www.miraquevideo.com/video/3222/un-hombre-agujerea-una-lata-de-atun-con-un-destornillador:-el-resultado-es...luminoso

¡Qué pillos fuimos!

José María Tutor: «¡Qué pillos fuimos!»

Vendex consiguió la adjudicación de la ORA de Lugo ofreciendo vallas de segunda mano y vigilar las entradas de los colegios, cuando no disponía de operarios para ello

Xosé Carreira

Lugo / la voz  06 de enero de 2015  05:00

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«¡Mira qué pillos fuimos!». Esa es una de las frases que le dice el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, a su representante en Lugo, Javier Reguera. La conversación, desvelada en uno de los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, es aportada porque los investigadores creen que el grupo empresarial, centro de seguimiento en la operación Pokémon, se valió (supuestamente, y entre otras cuestiones) de pillerías para imponerse en el concurso de adjudicación de la ORA de Lugo.

Una de las mejoras ofertadas por el grupo de Tutor fue el compromiso de que empleados de la ORA vigilarían las entradas y las salidas de clase de los escolares de varios centros educativos de forma excepcional durante las fiestas de San Froilán. «Hay una cosa a la que le andan dando vueltas. Dicen cómo se pudo poner esto de mejora cuando no hay salida y entrada de colegios en el horario de la ORA», le dice en una llamada el responsable de este servicio en Lugo a su jefe. Este responde: «Mira qué pillos fuimos». «No podemos poner a nadie y eso les revienta», dice Reguera en la conversación.

Pero, además de la vigilancia, Vendex ofreció al Ayuntamiento de Lugo la posibilidad de cederle vallas para la celebración de diversos acontecimientos ciudadanos, como, por ejemplo, la cabalgata de Reyes. Esta mejora la resolvían de la siguiente manera, según dice el encargado de Lugo a su jefe: hablando con el dueño de una empresa de alquiler de maquinaria y encargándole unas treinta de segunda mano que les salían a un precio de entre tres y cuatro euros.

El siguiente paso era «maquillar» las vallas. Tutor da instrucciones de que las lleven a uno de los bajos de la empresa y les pongan pegatinas de Vendex. Además advierte a su empleado para que tenga algunas cargadas en una furgoneta para cuando el Concello de Lugo las reclame.

La empresa también ofreció pintar las plazas de aparcamiento en las calles. En este apartado los investigadores consideran que el que era jefe de la sección de tráfico de la Policía Local pudo haber tenido una actuación decisiva colaborando con la empresa a cambio de presuntas mordidas que él negó categóricamente en la declaración efectuada ante la jueza De Lara. Todas esas mejores fueron valoradas por un técnico municipal en 832.021 euros.

Uno de los últimos informes de Aduanas sobre la ORA de Lugo reseña que fue en la primavera del 2008 cuando la junta de gobierno local aprobó la adjudicación del servicio por ocho años, con la posibilidad de dos prórrogas de una duración máxima de dos años. La adjudicación definitiva a Doal (de Vendex) fue en julio del 2009. La empresa entregaba a las arcas municipales un 20 % de la recaudación obtenida.

Explica Aduanas en un informe que las intervenciones telefónicas a Tutor y Reguera coinciden en el tiempo con el inicio de la concesión. Ambos mantenían frecuente contacto telefónico, casi a diario. Los informes destacan que en numerosas ocasiones hablan sobre los presuntos envíos de dinero a Lugo para el pago de comisiones por la adjudicación.

Concluyen también los investigadores que Tutor «mantendría, además de contacto indirecto a través de Javier Reguera, trato directo con el Nombre del Pueblo (el exconcejal José Rábade), el Tiralíneas (Manuel García Ferreiro, policía local) y el Cura (José Clemente López Orozco, alcalde de Lugo), tanto en relación con la gestión del servicio de la ORA como en el despido de un trabajador».

Añaden en su conclusión que Javier Reguera «tendría trato frecuente con Tachenko (el exconcejal socialista Francisco Fernández Liñares), el Nombre del Pueblo, el Tiralíneas y el Cura».