En el libro titulado 'Por qué fracasan los países', los economistas
Daron Acemoglu y James Robinson, acuñaron un término muy gráfico para
explicar la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial: las
'élites extractivas'.
Los autores definen así un sistema que captura rentas de la mayoría de la población no para crear riqueza, sino en beneficio de colectivos privilegiados.
Acemoglu y Robinson se referían a todo tipo de élites: políticas,
financieras y económicas. Pero en España, el economista César Molinas
aplicó esta teoría a la clase política. En un artículo publicado en 'El
País', sostenía que la clase política española ha puesto en pie un
sistema que extrae rentas a la población y al sector privado para
mantenerse a costa del contribuyente.
Molinas tuvo la virtualidad de elaborar una teoría intelectual que coincide con la opinión de una gran mayoría de los españoles expresada en las encuestas de opinión y ahora también en los autos de los jueces de la Audiencia Nacional. De lo que explica el economista deriva el descrédito de los políticos españoles.
Muchos políticos, analistas y altos cargos se han dolido de la generalización con la que se descalifica a la clase política española y tienen razón. También en la clase financiera, económica o de los medios de comunicación existen élites extractivas. La descalificación de la clase política en su conjunto es profundamente injusta y llevada al extremo también antidemocrática.
Pero en mitad del desastre de una crisis que está arrojando al paro a miles de personas y empobreciendo a las clases productivas, hay demasiados ejemplos de élites extractivas en el mundo de la política. Estos días han sido noticia dos personas que abonan la teoría. José Manuel Castelao Bragaña ha dimitido como presidente del Consejo Nacional de la Ciudadanía Española en el Exterior prácticamente sin haber tomado posesión. Castelao hizo una afirmación incalificable –"las leyes son como las mujeres, están para violarlas”-, pero ahora que ha dimitido hay que preguntarse para qué sirve el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, órgano consultivo y asesor adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. ¿Cuánto cobran los miembros de este consejo asesor? ¿A qué se dedican? ¿Es necesario este y otros cientos de consejos asesores?
El segundo caso es el de Ángel Carromero, el joven de Nuevas Generaciones del PP que ha sido juzgado en Cuba por el accidente en el que murieron el pasado verano los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero. Carromero es vocal asesor a las órdenes de la concejala de la Junta Municipal de Moraralaz. Gana 56.000 euros al año. ¿Qué hace un vocal asesor de Moratalaz? ¿Cuántos vocales asesores hay en las juntas municipales? ¿Son necesarios? Carromero no acabó la carrera porque desde los 23 años ha dispuesto de un cargo remunerado en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Es por casualidad que sea vicepresidente de Nuevas Generaciones del PP y que este partido gobierne en el Ayuntamiento de Madrid? Es seguro que se pueden encontrar ejemplos parecidos en instituciones gobernadas por otros partidos.
Cuando una mayoría de españoles pide el adelgazamiento del Estado se refiere a este tipo de cargos y de órganos cuya utilidad es dudosa. Sin embargo, la respuesta a este clamor la ha dado María Dolores de Cospedal, quitando el sueldo a los diputados autonómicos, que sí trabajan, hacen leyes y controlan al Gobierno regional. La secretaria general del PP ha cortado por lo sano, pero no ha prescindido de uno solo de sus decenas de asesores y cargos de confianza, que cobran más que los diputados regionales. No se puede decir que Cospedal haya contribuido a aumentar el prestigio de la clase política. Pero sí a defender sus intereses políticos personales y sus privilegios como presidenta.
Molinas tuvo la virtualidad de elaborar una teoría intelectual que coincide con la opinión de una gran mayoría de los españoles expresada en las encuestas de opinión y ahora también en los autos de los jueces de la Audiencia Nacional. De lo que explica el economista deriva el descrédito de los políticos españoles.
Muchos políticos, analistas y altos cargos se han dolido de la generalización con la que se descalifica a la clase política española y tienen razón. También en la clase financiera, económica o de los medios de comunicación existen élites extractivas. La descalificación de la clase política en su conjunto es profundamente injusta y llevada al extremo también antidemocrática.
Pero en mitad del desastre de una crisis que está arrojando al paro a miles de personas y empobreciendo a las clases productivas, hay demasiados ejemplos de élites extractivas en el mundo de la política. Estos días han sido noticia dos personas que abonan la teoría. José Manuel Castelao Bragaña ha dimitido como presidente del Consejo Nacional de la Ciudadanía Española en el Exterior prácticamente sin haber tomado posesión. Castelao hizo una afirmación incalificable –"las leyes son como las mujeres, están para violarlas”-, pero ahora que ha dimitido hay que preguntarse para qué sirve el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, órgano consultivo y asesor adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. ¿Cuánto cobran los miembros de este consejo asesor? ¿A qué se dedican? ¿Es necesario este y otros cientos de consejos asesores?
El segundo caso es el de Ángel Carromero, el joven de Nuevas Generaciones del PP que ha sido juzgado en Cuba por el accidente en el que murieron el pasado verano los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero. Carromero es vocal asesor a las órdenes de la concejala de la Junta Municipal de Moraralaz. Gana 56.000 euros al año. ¿Qué hace un vocal asesor de Moratalaz? ¿Cuántos vocales asesores hay en las juntas municipales? ¿Son necesarios? Carromero no acabó la carrera porque desde los 23 años ha dispuesto de un cargo remunerado en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Es por casualidad que sea vicepresidente de Nuevas Generaciones del PP y que este partido gobierne en el Ayuntamiento de Madrid? Es seguro que se pueden encontrar ejemplos parecidos en instituciones gobernadas por otros partidos.
Cuando una mayoría de españoles pide el adelgazamiento del Estado se refiere a este tipo de cargos y de órganos cuya utilidad es dudosa. Sin embargo, la respuesta a este clamor la ha dado María Dolores de Cospedal, quitando el sueldo a los diputados autonómicos, que sí trabajan, hacen leyes y controlan al Gobierno regional. La secretaria general del PP ha cortado por lo sano, pero no ha prescindido de uno solo de sus decenas de asesores y cargos de confianza, que cobran más que los diputados regionales. No se puede decir que Cospedal haya contribuido a aumentar el prestigio de la clase política. Pero sí a defender sus intereses políticos personales y sus privilegios como presidenta.
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